Kepa Landa considera que el juez sólo ha realizado "un gesto de cara a la galería"
Los abogados que defienden los intereses de las empresas del grupo Orain valoraron para GARA el contenido del auto dictado ayer por Baltasar Garzón, si bien advirtieron que todavía no habían tenido acceso al documento judicial y denunciaron que, una vez más, la resolución ha sido filtrada desde la Audiencia Nacional a los medios de comunicación antes que les sea notificada a ellos a través de sus procuradores.
Después de examinar los extractos difundidos por las agencias de información, Kepa Landa indicó que "es un sarcasmo que quien ha cerrado un periódico y una emisora se presente como defensor de la libertad de información". En su opinión, la instrucción iniciada por Garzón "pretendía silenciar a 'Egin' y Egin Irratia", por lo que subrayó que "una vez conseguido aquel objetivo político, ahora da marcha atrás para recomponer aquel fiasco jurídico-político".
Landa recordó que este juez es el mismo que activó el proceso judicial contra la Mesa Nacional de HB, que concluyó recientemente con la anulación de la sentencia condenatoria. "Esta, como la de la Mesa Nacional, es otra actuación sin ninguna base de tipo jurídico y no tiene sustento posible", comentó.
Señaló que, no obstante, Garzón, "quiere perpetuar su línea de actuación" y este sería el motivo de que mantenga el resto de medidas cautelares contra las empresas afectadas y sobre las personas procesadas. Destacó también que "aunque formalmente haya decidido abrir el diario, lo ha hecho cuando materialmente parece imposible".
"El gran ojo judicial"
Kepa Landa destacó, además, que "sigue existiendo un control judicial que no se levantará al menos hasta marzo del 2000", por lo que definió como "operación de imagen" y "gesto hacia la galería" el titular con el que muchos medios de comunicación españoles encabezaban ayer la información sobre este auto: "Garzón abre el 'Egin'".
En similares términos se pronunció otro de los abogados de Orain, Iñigo Iruin, quien se preguntó "dónde está la libertad de expresión y la libertad de información si todas las empresas están bajo administración judicial, lo que implica que permanecen bajo control de Garzón".
Iruin explicó que "todos los poderes de los anteriores administradores han sido anulados, el consejo de administración de Orain no existe y el catálogo de medidas complementarias contra las empresas es brutal".
Resumió esta situación señalando que, ante una eventual reanudación de la actividad de los dos medios de comunicación, "el gran ojo de Garzón seguirá ahí, controlándolo todo".
Los abogados de Orain remarcaron que este proceso judicial ha llevado a muchos ciudadanos vascos a prisión e insistieron en que la apertura del sumario respondió a "una medida de orden político para satisfacer al Gobierno español, que aboca al cierre definitivo de estos medios".
La nueva decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional fue interpretada por ambos como un intento de manipular la realidad. "Es como si el juez quisiera decir que, al final, toda esta historia termina porque el diario no puede salir debido a una situación económica que ha originado su quiebra técnica y que su cierre no se ha debido, como ha sucedido realmente, a una operación política dirigida contra la izquierda abertzale", manifestaron los letrados.
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